El acoso a una madre que pidió más clases en español para sus hijos: “Que pasen vergüenza”

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Casi todos los vecinos de Balaguer se pusieron en contra de Ana Moreno hace dos años por reclamar para sus hijos una asignatura más en castellano en el colegio. Por tres horas adicionales a la semana, le hicieron un boicot a su negocio. Dejaron de invitar a los niños a los cumpleaños. Fingían que no la veían cuando se cruzaban con ella por la calle.

Como la Bittori de Patria, como el doctor Stockmann de Un enemigo del pueblo, esta granadina de 37 años se quedó sola frente a una mayoría irracional que vivió como un ataque que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminara que en las aulas de los niños de Ana, que ahora tienen seis y ocho años, se debía impartir un 25% de las horas lectivas en castellano. «Soy la apestada, si hablas conmigo te miran mal. Los padres del colegio decían a sus hijos que no jugaran con los míos», cuenta intentando sonreír, sentada en una terraza de este municipio ilerdense de 17.000 habitantes. El mes que viene, Ana Moreno recibe el premio de la Asociación por la Tolerancia.

Balaguer, por fuera, es una ciudad normal, con su Mercadona y su HiperEuroAsia, su paseo de chopos junto al Segre y su polideportivo de césped bien cortado donde los críos se juntan a la salida del colegio. En la puerta de la escuela pública Gaspar de Portolà hay madres con hiyab, padres con chándal y abuelos con la merienda. Los niños salen de clase haciendo bromas. Pero un cartel en el tablón de anuncios advierte: «Per un país de tots, l’escola en català».

Lo que rumia el pueblo por dentro es difícil de explicar. Nadie se siente mal por lo que pasó en septiembre de 2015. Resumiéndolo mucho, alguien filtró detalles que permitieron identificar a esa familia que había pedido castellano como los dueños del único parque infantil de la localidad, el Petit Món. Y les hicieron la vida imposible.

Por los grupos de padres de WhatsApp y las redes sociales se viralizó un mensaje que los señalaba y llamaba a movilizarse. Hubo una concentración a las puertas del colegio a la que acudió hasta el alcalde. Se encargaron camisetas de protesta. Una madre dijo que ella no la iba a llevar. «Si no te la pones, te trataremos igual que a ellos», le respondieron.

ntonces comenzó el apartheid lingüístico. «Esto sólo lo podemos solucionar los padres, cuando toque hacer Matemáticas en castellano, el resto de alumnos se van todos a la biblioteca con algunos padres y que pasen vergüenza (aunque no tengan la culpa) los alumnos que quieren castellano», escribió un progenitor en Facebook.

Ana tiene más mensajes que prueban una pequeña parte de lo que vivió aquellos días. Los llevó a la Fiscalía, pero la denuncia se archivó. Una madre avisa: «Esto no quedará así. El día 14 ya se verá cómo se recibe a la familia». Un vecino sugiere: «Yo esto lo arreglaba rápido» con «una cartita a los servicios sociales» para «retirar la custodia de los hijos». Una conocida advierte: «Pues no es muy inteligente montar estos líos teniendo un negocio así». Una amiga aconseja: «Esto os va a repercutir a todos y a tu negocio también».

Hay un chat especialmente triste. Dos madres convocan para el cumpleaños de sus hijos en el parque infantil de Ana. Las familias van dando las gracias y confirmando su asistencia hasta que, dos días después, una de ellas señala al Petit Món. Entonces todo el mundo se horroriza y cambian de planes: la fiesta de los niños no será en el chiquipark, sino en la discoteca Beach. «No pienso ir más al Petit Món».

«Ese fin de semana se cancelaron todas las reservas. No fue nadie al local», recuerda Ana. Las amigas dejaron de hablarla y, una a una, fueron saliendo del grupo de WhatsApp. Sólo quedó ella como administradora.

«Es una locura», dice. «¿Cómo les explico yo a mis hijos que los otros niños no juegan con ellos por el castellano? Yo sólo quería que tuvieran mejor formación, porque reciben dos horas a la semana en esta lengua. Dan más horas en inglés que en castellano. Pero la gente creyó que quería quitarle sus derechos. El rechazo social es la pena que hay que pagar por ser diferente».

El alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal (ERC), trata de quitarle hierro al asunto: «No hubo acoso. ¿Boicot? La gente es libre de ir a los locales que quiera», expresa. «Esta mujer antepuso sus intereses a los del resto del colegio. Los otros padres se encontraron con una persona que había pedido una cosa y todos tenían que cambiar por ella. No fuimos a la concentración en su contra, sino para que los jueces no se entrometan en la escuela».

El Síndic de Greuges ha dado amparo a Ana y ha instado a la Generalitat a tomar medidas para asegurar «la protección de los derechos de todos los alumnos y el cumplimiento del pluralismo». También le emplaza a abrir un expediente informativo para aclarar si el colegio o el Departamento de Enseñanza facilitaron información que permitió identificar a los niños. Nadie ha investigado nada. La semana pasada, el Parlament rechazó, con la mayoría de todos los grupos menos el PP y Ciudadanos, dos propuestas de resolución presentadas por estos partidos para condenar el caso de Ana.

La historia termina mal. Tanto presionaron los vecinos que Ana sacó a sus hijos del colegio y los llevó a un concertado de Lérida, a 30 kilómetros de su casa. Cada día tienen que hacer la ruta en autobús. «No he conseguido nada, ni siquiera en ese centro ofrecen más asignaturas en castellano», se lamenta.

¿Por qué tiró la toalla? «Pues porque me quebré, porque vi que no podía seguir cuando una amiga vino un día y me contó que había hablado con una nena que iba a clase de mi hija. ‘¿Vas a estar con C. en clase, ¿verdad?’, le preguntó. ‘Sí, pero ya no me dejan ser amiga suya’, respondió la niña».

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